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Novedades jurídicas del 6 de noviembre de 2026, resumidas por área

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Laboral

El acuerdo de modificación del VII Convenio colectivo de Airbus Defence and Space, Airbus Operations y Airbus Helicopters introduce cambios en salarios, teletrabajo, movilidad, comedor y complementos por incapacidad temporal, además de compromisos de negociación futura. El convenio de Origen Extremadura fija salarios base para 2026 con efectos retroactivos desde su publicación y revisiones del 3 % para 2027 y 2028; el acuerdo del Ayuntamiento de Cantoria establece condiciones para personal laboral y funcionario hasta 2030, con efectos económicos desde enero de 2025. El TEAC considera sujetas al IRPF las indemnizaciones por bajas o prejubilaciones incentivadas cuando el cese deriva de mutuo acuerdo y no de un despido colectivo. El TJUE aplica las exigencias de imparcialidad a los tribunales calificadores de concursos internos de organismos de la Unión, en un litigio laboral contra Eulex Kosovo. En el ámbito estadístico, el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/2401 concreta los datos sobre costes laborales que deben remitirse a Eurostat; además, se publican los convenios de Unidad Editorial y se movilizan fondos europeos para trabajadores despedidos de la industria papelera finlandesa.

Concursal

La sentencia del TJUE C-716/24 aclara que la apertura de una insolvencia en un tercer país, aunque esté reconocida por un Estado miembro, no excluye por sí sola las solicitudes de información sobre cuentas ni las órdenes europeas de retención; el fragmento disponible no permite precisar su respuesta sobre los vínculos económicos exigibles. En la sentencia C-505/24, relativa a la ayuda de reestructuración a Condor, el Tribunal limita la participación estatal en futuras ganancias a los casos en que los inversores existentes conservan patrimonio neto tras contabilizar las pérdidas, sin extenderla a nuevos inversores si aquellos han perdido todos sus derechos. La resolución de la Dirección General sobre la inscripción de un liquidador reitera que el registrador puede rechazar las declaraciones de la mesa de una junta cuando contradigan de forma patente la documentación o los asientos registrales, en particular respecto de la condición de socio y la válida constitución de la junta.

Fiscal y tributario

La Orden HAC/1161/2026 fija para 2027 los módulos de estimación objetiva del IRPF y del régimen simplificado del IVA, mantiene en general los del año anterior y conserva la reducción del 5 % del rendimiento neto, con medidas agrícolas y ganaderas para 2026. En materia de IRPF, el TEAC considera sujetas como rendimientos del trabajo las indemnizaciones por bajas o prejubilaciones incentivadas cuando el cese se produce por mutuo acuerdo y no en el marco de un despido colectivo. Para las declaraciones Intrastat, la resolución de Aduanas permite declaraciones adicionales si se supera el límite de partidas y habilita su presentación por servicios web desde el 1 de julio de 2027; el TEAC, por su parte, unifica criterio sobre la innecesariedad de un acuerdo formal de asignación del funcionario en ciertas comprobaciones de tributos de comercio exterior. La resolución de la DGSJFP confirma que no basta el correo electrónico ni una fotocopia para acreditar la liquidación tributaria ante el Registro, y la decisión europea prorroga hasta 2029 una medida de IVA aplicable en Rumanía.

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Administrativo

El TEAC unifica criterio en materia de tributos de comercio exterior: en las comprobaciones de gestión no es necesario incorporar al expediente un acuerdo de asignación individual, si el funcionario está adscrito al órgano competente y ninguna norma exige esa formalidad. La resolución de la Dirección General sobre divisiones de fincas rústicas confirma que la inscripción requiere licencia, declaración de innecesariedad o pronunciamiento administrativo sobre la consolidación de la parcelación; Catastro e informe técnico no bastan. En otra resolución registral, la constitución de propiedad horizontal de locales hoteleros exige un régimen que garantice la unidad de explotación y el uso hotelero frente a futuros adquirentes. Las restantes novedades registrales tratan de legalización de libros de actas, reanudación del tracto e identificación fiscal en títulos, junto con el acuerdo laboral del Ayuntamiento de Cantoria, una sentencia del TJUE sobre imparcialidad en concursos internos y un nombramiento en una agencia europea.

Urbanismo e inmobiliario

La resolución de la DGSJFP sobre división de fincas rústicas en Almonte confirma que la inscripción exige licencia, declaración de innecesariedad o un pronunciamiento administrativo que reconozca la parcelación como consolidada; ni el Catastro ni un informe técnico bastan. En propiedad horizontal de uso hotelero, la Dirección General exige que el título constitutivo establezca un régimen que garantice la unidad de explotación también frente a futuros adquirentes, y confirma la suspensión registral. Otras resoluciones abordan la rectificación de obra nueva en Albacete, la georreferenciación y superficies en una división horizontal tumbada, y la posible invasión del viario público en una obra por antigüedad en Gandía, aunque los resúmenes facilitados no incluyen sus fallos finales. Completan la jornada cuestiones sobre legalización de libros de actas comunitarios y publicidad del precio de cesión de créditos hipotecarios.

Extranjería

El convenio publicado por la Secretaría General Técnica articula la cooperación entre el Ministerio de Educación y el País Vasco, Cataluña y Galicia para homologar y convalidar títulos y estudios extranjeros no universitarios, con coordinación técnica, herramientas compartidas y obligaciones de confidencialidad y corresponsabilidad en el tratamiento de datos. Puede incidir en la tramitación de estas solicitudes por las administraciones firmantes. Las otras dos resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública se refieren a cuestiones registrales e inmobiliarias, sin incidencia directa en extranjería.

Protección de datos

La sentencia del TJUE C-205/25 reconoce que la autoridad de control que tramita una reclamación del artículo 77 del RGPD es responsable del tratamiento de los datos del reclamante y, en principio, debe facilitar el acceso previsto en el artículo 15; este derecho no alcanza al expediente administrativo completo ni a todos los documentos de la autoridad. La resolución C-468/24 aborda el RGPD y la Directiva 2002/58 en relación con los datos de contadores inteligentes, pero el fragmento disponible no recoge las conclusiones sobre esas cuestiones. Las demás novedades —sobre comercialización de productos, certificación ecológica e imparcialidad en concursos internos de la UE— no presentan incidencia directa en protección de datos.

  • JurisprudenciaTribunal de Justicia de la Unión Europea núm. C-468/24
  • JurisprudenciaTribunal de Justicia de la Unión Europea núm. C-205/25
  • JurisprudenciaTribunal de Justicia de la Unión Europea núm. C-344/25
  • JurisprudenciaTribunal de Justicia de la Unión Europea núm. C-495/25
  • JurisprudenciaTribunal de Justicia de la Unión Europea núm. C-881/24

Propiedad intelectual e industrial

La sentencia del TJUE C-435/25 delimita la responsabilidad de los distribuidores de cosméticos por las reivindicaciones publicitarias del fabricante: no deben verificar de forma general las que reproducen sin cambios, pero sí comprobarlas y actuar cuando conocen un posible problema y la información disponible apunta a que son engañosas. Si existe conflicto con las reglas generales sobre prácticas comerciales desleales, prevalece el régimen específico del Reglamento n.º 1223/2009.

  • JurisprudenciaTribunal de Justicia de la Unión Europea núm. C-435/25

Consumo

Las sentencias del TJUE sobre instrumentos de pesaje precisan obligaciones relevantes para fabricantes y comercializadores: los datos metrológicos deben figurar físicamente en el instrumento, y la falta de pantalla o impresora no excluye que quede sujeto a la normativa aplicable. En cosméticos, los distribuidores no deben verificar de forma general las alegaciones del fabricante que reproducen sin cambios, pero sí actuar si conocen indicios de que son engañosas; prevalece el régimen específico del Reglamento de cosméticos. La sentencia sobre productos ecológicos impide certificar como tal un producto alimentario que no pueda comercializarse legalmente en la UE, con especial incidencia en productos de CBD no autorizados como nuevos alimentos. En materia de responsabilidad por productos, el TJUE admite que el lugar de comercialización a efectos de Roma II sea el de adquisición o entrega y que incluya productos integrados en instalaciones técnicas; las demás novedades se refieren a contadores inteligentes y a la imparcialidad de tribunales calificadores de concursos internos de la UE.

  • JurisprudenciaTribunal de Justicia de la Unión Europea núm. C-237/25
  • JurisprudenciaTribunal de Justicia de la Unión Europea núm. C-344/25
  • JurisprudenciaTribunal de Justicia de la Unión Europea núm. C-435/25
  • JurisprudenciaTribunal de Justicia de la Unión Europea núm. C-238/25
  • JurisprudenciaTribunal de Justicia de la Unión Europea núm. C-495/25
  • JurisprudenciaTribunal de Justicia de la Unión Europea núm. C-468/24

Bancario y seguros

La resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública sobre un préstamo hipotecario destinado a adquirir la vivienda habitual considera que dos o más titularidades hipotecarias previas son indicio suficiente de que el prestamista particular actúa profesionalmente y queda sujeto a la Ley 5/2019, salvo prueba satisfactoria en contrario; el fragmento no permite conocer el fallo. Por su parte, el asunto C-339/25 ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea plantea si los futuros flexibles sobre divisas ofrecidos por entidades de pago son servicios auxiliares de pago y, simultáneamente, instrumentos financieros sujetos a la Directiva 2014/65, sin que conste aún la conclusión final.

Medio ambiente y agrario

La Orden APA/1165/2026 fija las condiciones y plazos del seguro para explotaciones de cultivos agroenergéticos lignocelulósicos; quienes lo contraten deberán asegurar todas las producciones de cada clase y cumplir las condiciones técnicas mínimas. El TJUE, en el asunto C-495/25, establece que un producto agrícola transformado no puede certificarse como ecológico si no está legalmente autorizado para comercializarse en la Unión, criterio relevante para productos de CBD que sean nuevos alimentos no autorizados. La declaración de impacto ambiental de cinco parques eólicos en Galicia condiciona la viabilidad de partes del proyecto a nuevas evaluaciones y medidas, mientras que la decisión europea sobre gripe aviar actualiza las zonas y periodos de protección y vigilancia. En otras novedades, la resolución registral exige NIF o NIE para inscribir la adjudicación de una parcela en una concentración parcelaria, y el acuerdo Estado-Cantabria abre negociaciones sobre varios preceptos de la Ley de Control Ambiental sin suspenderlos.}

Sanitario y farmacéutico

La Decisión de Ejecución (UE) 2026/2483 actualiza las zonas de protección y vigilancia y la duración de las medidas de emergencia por gripe aviar de alta patogenicidad en varios Estados miembros, con efectos para explotaciones avícolas, operadores y movimientos de aves y productos en las áreas afectadas. El Decreto-ley 2/2026 aborda los riesgos para la salud pública asociados al consumo de bebidas energéticas y al uso recreativo de óxido nitroso, con especial atención a menores y adolescentes; el fragmento disponible no permite precisar las obligaciones o sanciones previstas.

Procesal y litigación

La sentencia del TJUE C-344/25 amplía los puntos de conexión relevantes para determinar la ley aplicable a la responsabilidad por productos: conforme al artículo 5.1 del Reglamento Roma II, el lugar de comercialización puede ser aquel donde el perjudicado compra el producto o lo recibe del transportista, y el concepto incluye productos integrados en una instalación técnica. La sentencia C-881/24 exige que los tribunales calificadores de concursos internos de organismos de la Unión respeten la imparcialidad subjetiva y objetiva; en un litigio laboral contra Eulex Kosovo, anula parcialmente la resolución recurrida y resuelve definitivamente los motivos correspondientes.

  • JurisprudenciaTribunal de Justicia de la Unión Europea núm. C-344/25
  • JurisprudenciaTribunal de Justicia de la Unión Europea núm. C-881/24

Derecho de la Unión Europea

La autoridad de control que tramita una reclamación del artículo 77 del RGPD es responsable del tratamiento y debe facilitar al reclamante acceso a sus datos conforme al artículo 15, aunque no al expediente administrativo completo (C-205/25). En insolvencia, un procedimiento iniciado en un tercer país no excluye por sí solo las solicitudes de información sobre cuentas ni las órdenes europeas de retención del Reglamento 655/2014 (C-716/24); y, en responsabilidad por productos, Roma II permite situar la comercialización donde se adquiere o entrega el producto, incluidos componentes de instalaciones técnicas (C-344/25). Para fabricantes y distribuidores, el TJUE exige que ciertos datos de instrumentos de pesaje figuren físicamente en el aparato (C-237/25) y precisa que los distribuidores de cosméticos no deben verificar de forma general las afirmaciones del fabricante, pero sí actuar ante indicios de engaño conocidos (C-435/25). También se precisan los criterios de evaluación de envases peligrosos bajo CLP (C-395/25) y se excluye la certificación ecológica de productos no autorizados como nuevos alimentos (C-495/25); las demás resoluciones tratan, entre otras materias, de medidas restrictivas, ayudas estatales, imparcialidad en concursos internos, contadores inteligentes y contratos de futuros sobre divisas, sin que los resúmenes facilitados incluyan siempre una conclusión definitiva.

  • JurisprudenciaTribunal de Justicia de la Unión Europea núm. C-205/25
  • JurisprudenciaTribunal de Justicia de la Unión Europea núm. C-716/24
  • JurisprudenciaTribunal de Justicia de la Unión Europea núm. C-237/25
  • JurisprudenciaTribunal de Justicia de la Unión Europea núm. C-344/25
  • JurisprudenciaTribunal de Justicia de la Unión Europea núm. C-395/25
  • JurisprudenciaTribunal de Justicia de la Unión Europea núm. C-339/25

Subvenciones y ayudas

La Orden CLT/1162/2026 impone la tramitación exclusivamente electrónica de solicitudes, comunicaciones y notificaciones en las subvenciones de la Dirección General de Artes Escénicas y Música, también para personas físicas, y entra en vigor al día siguiente de su publicación. En ayudas de Estado, la sentencia del TJUE C-505/24 precisa que la participación estatal en futuras ganancias se exige si, tras contabilizar pérdidas, los inversores existentes conservan patrimonio neto, pero no se traslada a nuevos inversores cuando aquellos han perdido todos sus derechos; el asunto C-266/24 sobre KLM aborda la identificación del beneficiario dentro del grupo, aunque el fragmento no recoge el fallo final. La Decisión (UE) 2026/2494 moviliza 149.055.370 euros para España del Fondo de Solidaridad por las tormentas de 2026. Como novedades de menor alcance, se publica el convenio CSIC-Fundación «la Caixa» para financiar un proyecto de investigación social y se movilizan 1.102.560 euros del FEAG para Finlandia.

Empleo público y oposiciones

El acuerdo del Ayuntamiento de Cantoria para personal laboral y funcionario fija su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030 y efectos económicos desde el 1 de enero de 2025, con medidas de equiparación de condiciones y retribuciones. También regula permisos, complementos salariales, horas extraordinarias, prevención de riesgos y planificación de recursos humanos.

Resúmenes elaborados con asistencia de inteligencia artificial a partir de las fuentes oficiales enlazadas. Consulta siempre el texto oficial.