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Novedades jurídicas del 13 de noviembre de 2026, resumidas por área

Lo más relevante del BOE, la jurisprudencia y los reguladores, explicado en un párrafo por área de práctica. Cada mañana a las 7:30 en tu correo, con las novedades de tu comunidad autónoma y las alertas de lo que sigues.

Familia

El Reglamento Delegado (UE) 2026/1436 fija los requisitos técnicos y de seguridad de los códigos QR de las versiones físicas de la Tarjeta Europea de Discapacidad y de la Tarjeta Europea de Estacionamiento, incluidos la autenticación, la interoperabilidad y la protección de datos. Sus obligaciones se dirigen principalmente a los organismos que expiden y verifican las tarjetas. La novedad tiene incidencia limitada en el área de Familia.

Laboral

La STC 66/2026 examina las garantías de emplazamiento en los procesos de despido: plantea si acudir a la notificación por edictos sin intentar antes la notificación personal en otro domicilio indicado en la demanda y la documentación vulnera la tutela judicial efectiva. La cuestión es relevante para órganos judiciales y partes cuando la falta de conocimiento del procedimiento puede impedir el ejercicio de la defensa.

  • JurisprudenciaTribunal Constitucional núm. 66/2026

Concursal

La sentencia del TJUE sobre reclamación judicial de créditos a consumidores deja al Derecho procesal nacional la decisión de si el juez puede apreciar de oficio la prescripción, con respeto a los principios de equivalencia y efectividad; la Directiva 2021/2167 no regula esta cuestión. El Tribunal añade que reclamar judicialmente un crédito posiblemente prescrito no constituye, por sí solo, una práctica comercial engañosa. La novedad tiene incidencia limitada en el ámbito concursal.

  • JurisprudenciaTribunal de Justicia de la Unión Europea núm. C-476/25

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Fiscal y tributario

El Real Decreto-ley 33/2026 establece alivios fiscales para los afectados por la DANA Adam: exenciones en el IBI y reducciones en el IAE de 2026 para inmuebles dañados, devolución de recibos pagados y reducción de índices agrarios en la zona afectada. Además, desde el 18 de noviembre de 2026, la AEAT validará la compatibilidad entre la situación aduanera del G4 y el régimen F15 de la predeclaración H7; si hay incompatibilidad, se aceptará la presentación de las mercancías, pero no se activará el PreH7 correspondiente. No se señalan otras novedades de especial entidad en el periodo.»}alc}

Administrativo

La admisión por el Tribunal Constitucional del conflicto de competencia promovido por Extremadura contra preceptos del Real Decreto del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 abre la vía para discutir su distribución competencial, sin que implique la invalidez de las disposiciones impugnadas. En el recurso contencioso-administrativo sobre la exclusión de un proceso selectivo de Tramitación Procesal, las personas con interés legítimo disponen de nueve días para comparecer ante el TSJ de Madrid. Las restantes novedades son nombramientos de representantes de Suecia en el Comité de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social y de Malta en el Comité Económico y Social Europeo.

Contratación pública

Las tres órdenes del Ministerio de Cultura ejercitan el derecho de tanteo en subastas y comprometen gasto público para adquirir bienes destinados a museos estatales: libros antiguos para el Museo del Prado (2.325 euros), una acuarela para el Museo del Romanticismo (3.750 euros) y una menorá de plata para el Museo Sefardí (9.000 euros), en todos los casos más gastos e IVA. Son actuaciones puntuales de adquisición patrimonial, sin cambios generales en la contratación pública.

Urbanismo e inmobiliario

La admisión a trámite del conflicto de competencia promovido por la Junta de Extremadura cuestiona determinados preceptos del Real Decreto que regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, pero no implica que hayan sido anulados ni resuelve el fondo. Por ahora, la novedad es procesal y no altera por sí misma la aplicación de la norma.

Extranjería

La sentencia del TJUE C-254/25 impide suspender o posponer, salvo fuerza mayor, el plazo para resolver solicitudes de residencia por estudios y excluir el control judicial frente a la inactividad o el retraso; los tribunales nacionales deben poder verificar si concurre esa excepción, aunque el Derecho de la Unión no impone por sí solo indemnización o sanción. En protección internacional, la sentencia del TJUE C-7/25 descarta exigir pruebas documentales de todas las declaraciones: la autoridad debe cooperar y valorar el conjunto de elementos, y el órgano judicial ha de revisar de forma completa y actualizada la necesidad de protección. La sentencia del Tribunal Constitucional 66/2026, sobre notificaciones edictales en un proceso laboral, tiene menor incidencia directa en extranjería.

  • JurisprudenciaTribunal de Justicia de la Unión Europea núm. C-7/25
  • JurisprudenciaTribunal de Justicia de la Unión Europea núm. C-254/25
  • JurisprudenciaTribunal Constitucional núm. 66/2026

Protección de datos

Las novedades del periodo no contienen pronunciamientos directamente relevantes para protección de datos. El TJUE, en el asunto C-579/24, interpreta la Directiva sobre derechos de autor en plataformas de contenidos compartidos; en el C-254/25, aborda los plazos y recursos en solicitudes de residencia por estudios; y en el C-476/25, deja al Derecho procesal nacional la apreciación de oficio de la prescripción de créditos. Su interés para el área es, por tanto, limitado e indirecto.

  • JurisprudenciaTribunal de Justicia de la Unión Europea núm. C-579/24
  • JurisprudenciaTribunal de Justicia de la Unión Europea núm. C-254/25
  • JurisprudenciaTribunal de Justicia de la Unión Europea núm. C-476/25

Consumo

El TJUE, en una cuestión sobre créditos reclamados a consumidores, declara que la Directiva 2021/2167 no determina si el juez debe apreciar de oficio la prescripción: esa decisión corresponde al Derecho procesal nacional, con respeto a los principios de equivalencia y efectividad. Añade que reclamar judicialmente un crédito posiblemente prescrito no constituye, por sí solo, una práctica comercial engañosa.

  • JurisprudenciaTribunal de Justicia de la Unión Europea núm. C-476/25

Bancario y seguros

La sentencia del TJUE sobre prescripción de créditos reclamados a consumidores deja a cada Estado miembro decidir si el juez puede apreciarla de oficio, con respeto a los principios de equivalencia y efectividad; la reclamación de un crédito posiblemente prescrito no es, por sí sola, una práctica comercial engañosa. El Banco de España publica los tipos IRS de octubre de 2026 aplicables al cálculo del valor de mercado y de la compensación por riesgo de tipo de interés en préstamos hipotecarios, también en caso de cancelación anticipada.

Medio ambiente y agrario

El Reglamento Delegado (UE) 2026/1972 incorpora los PFCA C9-C21 y compuestos afines al régimen de contaminantes orgánicos persistentes, con restricciones y límites de concentración que afectan a fabricantes, importadores, distribuidores y usuarios, además de excepciones transitorias para ciertos usos. En España, el Real Decreto 984/2026 concede 20 millones de euros a cada una de las comunidades autónomas de Illes Balears y Canarias para inversiones en el ciclo integral del agua, sujetas a ejecución, justificación y obligaciones de contratación, publicidad y control; la declaración ambiental estratégica del plan eléctrico 2025-2030 condiciona el desarrollo posterior de sus infraestructuras a la concreción de medidas ambientales. La Decisión de Ejecución (UE) 2026/2528 actualiza zonas y duración de restricciones por gripe aviar en Alemania y Dinamarca, mientras que el asunto C-61/25 plantea si debían controlarse obligaciones agrícolas de protección de hábitats y especies en Castilla y León. El resto de novedades registra cuatro DOP, deniega una solicitud de IGP y modifica administrativamente la autorización de una familia de biocidas.

Sanitario y farmacéutico

La Decisión de Ejecución (UE) 2026/2528 actualiza las zonas de protección y vigilancia por gripe aviar en Alemania y prolonga restricciones en determinadas zonas de Dinamarca, con efectos para las explotaciones y actividades afectadas. La Orden PJC/1200/2026 modifica la organización y las funciones del Observatorio de Salud de las Mujeres, reforzando su coordinación y asesoramiento en igualdad y equidad de género en las políticas sanitarias. Como novedad de menor alcance, la resolución de la Universidad Católica de Valencia publica el plan de estudios de su Máster en Gestión Sanitaria y Dirección de Instituciones Sanitarias, de 60 créditos.

Procesal y litigación

El TJUE, en una resolución sobre reclamación judicial de créditos a consumidores, aclara que la Directiva 2021/2167 no determina si el juez debe apreciar de oficio la prescripción: esa cuestión corresponde al Derecho procesal nacional, sujeto a los principios de equivalencia y efectividad. Añade que reclamar judicialmente un crédito posiblemente prescrito no constituye por sí solo una práctica comercial engañosa. Por otra parte, la resolución de la Dirección General para la Eficiencia del Servicio Público de Justicia emplaza a quienes tengan interés legítimo en el recurso sobre la exclusión del cupo de reserva por discapacidad en un proceso selectivo de Tramitación Procesal, con nueve días para comparecer ante el TSJ de Madrid.

Derecho de la Unión Europea

La sentencia C-7/25 refuerza las garantías en la valoración de solicitudes de protección internacional: no cabe exigir pruebas documentales de todas las declaraciones y el juez debe revisar de forma completa y actualizada la necesidad de protección. En materia de residencia por estudios, la sentencia C-254/25 impide suspender los plazos de resolución o excluir recursos por retraso salvo fuerza mayor, cuya concurrencia debe poder controlar el juez; la C-230/25 aclara que la detención puede acreditar el criterio de méritos para la asistencia jurídica gratuita, pero no presume falta de recursos ni justifica exigir sistemáticamente su reembolso. En contratación pública, la cuestión C-268/25 plantea cuándo puede regularizarse una deuda tributaria para evitar la exclusión de un licitador y si cabe excluir o sustituir a un miembro de una agrupación. El resto de resoluciones se refiere principalmente a la validez y aplicación de medidas climáticas y energéticas de la Unión, al acceso a infraestructuras de comunicaciones, la prescripción de créditos frente a consumidores, la eficiencia energética, los controles agrícolas y los derechos de autor en plataformas.

  • JurisprudenciaTribunal de Justicia de la Unión Europea núm. C-230/25
  • JurisprudenciaTribunal de Justicia de la Unión Europea núm. C-445/23
  • JurisprudenciaTribunal de Justicia de la Unión Europea núm. C-505/23
  • JurisprudenciaTribunal de Justicia de la Unión Europea núm. C-164/25
  • JurisprudenciaTribunal de Justicia de la Unión Europea núm. C-476/25
  • JurisprudenciaTribunal de Justicia de la Unión Europea núm. C-442/23

Subvenciones y ayudas

Se regulan varias concesiones directas con obligaciones concretas de ejecución, justificación y control: el Real Decreto 976/2026 establece las condiciones de las ayudas de cooperación internacional a ocho entidades, que responden ante la Administración incluso si actúan mediante socios locales; el Real Decreto 983/2026 concede financiación para el CENTIDE, con un plazo de ejecución de 24 meses desde el pago; y el Real Decreto 984/2026 otorga 20 millones de euros a cada una de las comunidades de Illes Balears y Canarias para inversiones en el ciclo del agua, con posibilidad de reasignar fondos entre actuaciones previstas. El Real Decreto 982/2026 adapta el calendario de libramientos y amortización del préstamo a Airbus Helicopters España para el programa Tigre MKIII y exige destinar los fondos a una cuenta finalista, con acreditación y reintegro en caso de incumplimiento; el Real Decreto 987/2026 regula la subvención a UNE y sus deberes de ejecución, seguimiento y justificación. En jurisprudencia, el recurso de casación de la Comisión ante el TJUE sobre controles de condicionalidad agrícola plantea si debían verificarse obligaciones de protección de hábitats y especies pese a no haberse definido medidas específicas en Castilla y León. La corrección de la convocatoria de becas del Congreso se limita a precisar las reglas del Jurado.

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